La polémica en torno al Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo con la presentación realizada por el abogado y dirigente del GEN, Marcelo Arancibia, quien advirtió sobre el riesgo de que parte de los hechos investigados puedan acercarse a los plazos de prescripción si la causa no registra avances significativos en el corto plazo.
La preocupación surge en el marco de la investigación vinculada a la provisión de caños utilizados en una de las obras hídricas más importantes de la provincia. Arancibia no solo amplió la denuncia ya existente, sino que además solicitó ser incorporado como Amigo del Tribunal con el objetivo de aportar documentación y colaborar en el esclarecimiento del caso.
Según explicó, tuvo acceso a informes técnicos elaborados en 2020 por empresas contratadas por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) para evaluar los materiales suministrados por la firma KRAH Latinoamericana. De acuerdo con su planteo, esos estudios habrían detectado inconvenientes en las juntas de los caños mientras la obra aún se encontraba en ejecución.
El dirigente sostuvo que la documentación advertía sobre presuntas deficiencias estructurales que podían comprometer el funcionamiento del sistema una vez puesto en marcha. En ese contexto, cuestionó que la obra continuara avanzando y que se mantuvieran las certificaciones y desembolsos vinculados al proyecto pese a las observaciones técnicas señaladas en los informes.
La presentación vuelve a poner bajo la lupa una obra financiada mediante un préstamo internacional y reabre interrogantes sobre los controles realizados durante las distintas etapas de ejecución. Para Arancibia, resulta indispensable determinar qué conocimiento tenían los organismos intervinientes sobre las advertencias técnicas y cuáles fueron las decisiones adoptadas frente a esos informes.
Más allá del contenido de la denuncia, uno de los puntos que genera mayor inquietud es el avance de los plazos judiciales. El abogado alertó que el paso del tiempo podría transformarse en un factor determinante para la investigación y pidió al Ministerio Público Fiscal que impulse medidas concretas para formalizar la causa y avanzar en la identificación de eventuales responsables.
La causa permanece bajo análisis y todavía no existen definiciones judiciales sobre las acusaciones planteadas. Sin embargo, la incorporación de nueva documentación y la advertencia sobre posibles prescripciones vuelven a colocar el expediente en el centro de la escena y aumentan la presión para que la investigación avance antes de que el reloj juegue un papel decisivo.
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