El organismo trabaja en la organización del proceso junto a la Caja de Acción Social. Incluiría departamentos del complejo La Ramada, viviendas remanentes y casas recuperadas por incumplimientos de adjudicatarios.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) avanza en los preparativos para realizar un nuevo sorteo de viviendas durante el segundo semestre del año. Según informó su directora, Elina Peralta, la intención es concretar la convocatoria en agosto, una vez finalizadas las tareas administrativas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso.
Desde el organismo explicaron que actualmente se trabaja en la actualización y compatibilización de datos junto a la Caja de Acción Social, con el objetivo de implementar un mecanismo de adjudicación basado en criterios de transparencia e igualdad de oportunidades para los postulantes.
Las unidades que formarían parte del futuro sorteo provendrán de distintas líneas habitacionales. Una de ellas corresponde al complejo La Ramada, integrado por departamentos originalmente vinculados al programa Procrear que pasarán a administración provincial tras la firma de un acuerdo con el Gobierno nacional.
De acuerdo con lo informado por el IPV, la obra registra un avance superior al 50% y se prevé habilitar una primera etapa durante este año. En esa instancia estarían disponibles alrededor de 30 departamentos que podrían ser incorporados al sorteo.
Por las características del emprendimiento y su ubicación en Capital, las condiciones de acceso serán diferentes a las de los programas de vivienda social tradicionales. Las cuotas previstas y los requisitos de ingresos estarán adaptados al perfil de las unidades habitacionales.
Otra parte de las viviendas disponibles surgirá de inmuebles remanentes de barrios ya adjudicados. Se trata de casas que no pudieron ser ocupadas por los beneficiarios originales debido al incumplimiento de requisitos o a la falta de presentación de documentación necesaria para completar el trámite de adjudicación.
Además, el organismo prevé sumar viviendas recuperadas mediante procesos de revocación. Actualmente, el IPV analiza entre 300 y 400 denuncias relacionadas con inmuebles deshabitados o utilizados con fines distintos a los establecidos al momento de la adjudicación. Tras las investigaciones correspondientes, aquellas unidades que incumplan las condiciones podrán volver a integrar el sistema para ser asignadas a nuevas familias.
La funcionaria también puso el foco en la necesidad de fortalecer el recupero de cuotas como herramienta clave para sostener la política habitacional provincial. En ese sentido, recordó que la construcción de viviendas depende cada vez más de recursos locales, luego de la reestructuración de los programas nacionales destinados al sector.
Según datos del organismo, la morosidad actual ronda el 50%, un indicador que preocupa a las autoridades y que motivó la implementación de intimaciones y acciones legales contra adjudicatarios con capacidad de pago que no cumplen con sus obligaciones.
Desde el IPV remarcaron que tanto la falta de ocupación efectiva de las viviendas como el incumplimiento en el pago de las cuotas constituyen causales de revocación, mecanismos que buscan garantizar que las unidades habitacionales lleguen a quienes realmente las necesitan y cumplen con las condiciones establecidas.