La investigación judicial vinculada al Acueducto Gran Tulum volvió a generar debate luego de que el abogado Marcelo Arancibia manifestara su preocupación por el estado actual del expediente y advirtiera sobre las consecuencias que podría tener la demora en la formalización de la causa.
El planteo surge en momentos en que la Justicia analiza la continuidad de la investigación iniciada a fines de 2025 a partir de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes desarrolladas en la provincia durante los últimos años.
Según explicó Arancibia, el eje de la discusión no debería centrarse exclusivamente en la extensión de los plazos investigativos, sino en la necesidad de avanzar hacia una etapa procesal que otorgue mayor solidez jurídica al expediente. A su entender, la formalización constituye una instancia clave para garantizar el desarrollo de la causa y evitar eventuales dificultades vinculadas a los tiempos legales.
La investigación permanece actualmente bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y continúa en una fase preliminar de recopilación y análisis de pruebas. En ese contexto, una audiencia prevista para abordar una solicitud de prórroga fue suspendida y posteriormente reprogramada, situación que volvió a poner el foco sobre el avance del proceso.
Para el abogado, la discusión sobre los plazos adquiere relevancia porque, desde su interpretación, la ampliación de los tiempos de investigación no modifica por sí sola ciertos aspectos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal. Por ello, insistió en la necesidad de que la causa avance hacia instancias de mayor definición.
Arancibia también sostuvo que el expediente busca determinar la existencia de posibles irregularidades administrativas y contractuales que habrían generado un perjuicio económico para el Estado provincial. Aunque las cifras continúan siendo materia de análisis dentro de la investigación, señaló que el eventual impacto económico podría ser significativo.
Asimismo, remarcó que existe una fuerte expectativa social respecto de los resultados de la causa, debido a la magnitud de la obra involucrada y a la importancia que tiene para el sistema de provisión de agua potable de San Juan.
Mientras tanto, la Justicia continúa evaluando medidas y requerimientos impulsados por la Fiscalía para profundizar las pericias técnicas y el análisis de la documentación incorporada al expediente. Las próximas resoluciones judiciales serán determinantes para definir el rumbo de una investigación que sigue siendo observada de cerca tanto por el ámbito político como por distintos sectores de la sociedad sanjuanina.
Con el proceso aún en desarrollo, la atención está puesta en las decisiones que adopten los órganos judiciales en las próximas semanas, en un caso que combina aspectos técnicos, administrativos y legales vinculados a una de las obras públicas más relevantes de la provincia.
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