Mientras la Justicia analiza extender por 90 días la investigación sobre presuntas irregularidades en el proyecto, el Gobierno provincial sostiene que la prioridad es determinar si la infraestructura instalada puede ser utilizada y avanzar con una obra considerada clave para el abastecimiento futuro de agua potable.
La investigación judicial sobre el Acueducto Gran Tulum ingresará en una etapa decisiva en los próximos días, cuando se resuelva el pedido de prórroga solicitado por los fiscales a cargo de la causa para profundizar las pericias técnicas. En paralelo, desde el Gobierno de San Juan remarcaron que el principal interrogante pasa por conocer las condiciones reales de los caños ya instalados y definir si podrán formar parte de la obra definitiva.
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, señaló que el acueducto continúa siendo una infraestructura estratégica para responder al crecimiento de la demanda de agua potable en la provincia y sostuvo que, independientemente del avance de la investigación, el proyecto deberá completarse. En ese contexto, explicó que las dudas actuales se concentran en la calidad y funcionalidad de una parte de las cañerías colocadas.
La definición judicial llegará luego de que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro anticiparan la presentación de un pedido para extender por otros 90 días la investigación iniciada a fines de 2025. Según indicaron, el plazo adicional resulta necesario para concluir estudios técnicos vinculados a los materiales utilizados durante la ejecución de la obra.
Desde el Ejecutivo provincial también descartaron riesgos de prescripción de la causa y destacaron la colaboración brindada al Poder Judicial. Entre las medidas adoptadas se incluyó la digitalización de una importante cantidad de documentación administrativa vinculada al proyecto, que fue puesta a disposición de los investigadores para facilitar el análisis de antecedentes y procedimientos.
La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades durante el desarrollo de la obra y establecer eventuales responsabilidades penales de exfuncionarios relacionados con su ejecución. Para ello, la Fiscalía analiza informes técnicos, expedientes administrativos y documentación complementaria proveniente de distintos organismos públicos.
Entre los elementos incorporados al expediente figura un estudio elaborado en 2020 por una empresa especializada, que evaluó aspectos vinculados al sistema de electrofusión empleado en los caños de polietileno de alta densidad, así como características de los materiales y procedimientos constructivos utilizados.
Además, los investigadores continúan revisando decenas de cajas con documentación física y digital proveniente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y otras dependencias provinciales, material que actualmente se encuentra bajo análisis pericial.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar el impacto económico derivado del retiro de aproximadamente diez kilómetros de cañerías. Desde el Gobierno estiman que esa situación habría generado una pérdida cercana a los 50 millones de dólares, dentro de una obra cuyo presupuesto total rondó los 200 millones de dólares y que contó con financiamiento internacional y aportes nacionales.
Como parte de las medidas probatorias, el pasado 10 de marzo fiscales, peritos, efectivos de Policía Científica y especialistas en relevamiento con drones realizaron una inspección sobre el trazado comprendido entre el Dique Punta Negra y la planta potabilizadora de Marquesado. El objetivo fue contrastar la información técnica existente con el estado actual de la infraestructura instalada.
En el ámbito judicial existe expectativa respecto de la aprobación de la prórroga solicitada por la Fiscalía. De concretarse, los investigadores dispondrán de tres meses adicionales para completar estudios que podrían resultar determinantes tanto para esclarecer las responsabilidades involucradas como para definir el futuro de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en San Juan.