El fiscal general de San Juan calificó de “insostenible” el planteo de la defensa de Sergio Ruiz y sostuvo que el expediente debe permanecer en los tribunales provinciales. La audiencia de formalización fue fijada para el 10 de noviembre.
El fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorrí, cuestionó el intento de trasladar a la Justicia Federal la investigación por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y defendió la competencia de los tribunales provinciales. El funcionario consideró que el planteo carece de fundamentos suficientes, ya que los hechos investigados ocurrieron en la provincia y los posibles perjuicios afectan a los sanjuaninos.
La controversia surgió a partir de una presentación de la defensa de Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), que sostiene que la participación de fondos nacionales justificaría la intervención del fuero federal. En ese contexto, el juez federal Daniel Rafecas solicitó información sobre el expediente para evaluar si corresponde que la investigación pase a su jurisdicción.
Baigorrí rechazó que el origen de parte del financiamiento sea suficiente para modificar la competencia judicial. Según su postura, el caso debe continuar en San Juan porque se investigan posibles irregularidades en una obra de infraestructura hídrica ejecutada en la provincia y eventuales perjuicios a sus recursos.
El fiscal general aclaró que la resolución definitiva corresponde a los jueces, aunque manifestó su expectativa de que el pedido de traslado no prospere. También señaló que mantiene contacto con los fiscales que llevan adelante la pesquisa para seguir la evolución del expediente y coordinar la posición del Ministerio Público.
La discusión por la competencia se desarrolla mientras la causa se prepara para avanzar hacia una nueva instancia procesal. La audiencia de formalización fue programada para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 14:30, en la Sala de Audiencias N.º 9 del Palacio de Tribunales.
La convocatoria anterior, realizada el 14 de octubre, no pudo avanzar debido a la ausencia de dos de los once investigados: el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Sus defensas argumentaron que ambos tenían compromisos vinculados con sus funciones legislativas, por lo que la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso una nueva fecha para la audiencia.
Consultado sobre esas ausencias, Baigorrí consideró que ambos deberían comparecer y mencionó la posibilidad de utilizar una conexión por videoconferencia, aunque la modalidad de participación quedó sujeta a las decisiones judiciales.
La investigación comenzó en diciembre de 2025, tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia por posibles anomalías en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. La UFI Delitos Especiales busca determinar si existieron irregularidades relacionadas con la adquisición y colocación de cañerías, las condiciones de los materiales y eventuales sobreprecios.
Como parte de las medidas investigativas, en septiembre se realizaron allanamientos en oficinas de Krah América Latina, una de las empresas proveedoras, donde se secuestraron documentos y equipos informáticos para su análisis.
Entre las once personas bajo investigación figuran exfuncionarios provinciales, antiguos directivos de OSSE y un representante de la firma proveedora. La situación procesal de cada uno deberá definirse durante el avance de las actuaciones, ya que estar bajo investigación no implica por sí mismo una imputación formal ni determina responsabilidades.
Con la competencia judicial todavía en discusión y la audiencia prevista para noviembre, la causa enfrenta dos instancias clave: resolver qué fuero continuará con el expediente y avanzar en la formalización de los hechos investigados.