El Gobierno provincial comenzó a instalar el debate legislativo por el acuerdo firmado con Vicuña Argentina, que contempla un aporte anticipado de US$250 millones para obras de infraestructura en San Juan. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, envió un mensaje a los diputados y planteó que la discusión deberá centrarse en el impacto que tendrá la iniciativa para la provincia.
Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que será el momento de evaluar “quién mira el árbol y quién mira el bosque”, en referencia a la postura que adopten los legisladores cuando el convenio llegue a la Cámara. En ese sentido, afirmó que cada diputado deberá asumir la responsabilidad otorgada por el voto popular y definir si acompaña una herramienta vinculada al desarrollo económico y productivo.
Desde el Ejecutivo buscan que el acuerdo tenga un tratamiento favorable y, de ser posible, alcanzar un respaldo amplio dentro del recinto. Para Achem, la discusión no debe quedar limitada a una disputa política, sino enfocarse en los beneficios que, según el Gobierno, generará la inversión en infraestructura.
El convenio firmado con la empresa minera establece un fondo de US$250 millones que la Provincia recibirá como aporte fijo, no reembolsable y no compensable. Desde la administración de Marcelo Orrego remarcaron que los recursos no implicarán una deuda para San Juan y estarán destinados a proyectos estratégicos.
Uno de los puntos destacados por el funcionario fue el mecanismo de administración de los fondos. Según explicó, el dinero no ingresará a las cuentas generales del Estado provincial, sino que será administrado mediante un fideicomiso. Los pagos se realizarán contra certificaciones de obras aprobadas, con el objetivo de garantizar controles sobre la utilización de los recursos.
Entre las obras previstas se encuentran proyectos vinculados a infraestructura vial, hídrica, sanitaria y energética. Uno de los primeros anuncios realizados por el Gobierno fue la intervención sobre la Ruta 40 Norte, en el tramo comprendido entre Albardón y Jáchal, un corredor considerado estratégico para la actividad minera y productiva.
Achem también vinculó el acuerdo con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que ese marco de estabilidad fue un factor determinante para generar confianza en los inversores. Según explicó, la previsibilidad jurídica permitió avanzar en una negociación que combina los intereses de la empresa privada con las necesidades de infraestructura de la provincia.
Además, el secretario general sostuvo que los beneficios de la minería deben traducirse en una mayor actividad económica para distintos sectores de San Juan. En esa línea, destacó la intención del Gobierno de impulsar nuevas inversiones en áreas como energías renovables y agroindustria, con el objetivo de generar empleo y fortalecer el entramado productivo local.
Con el ingreso del convenio a la Legislatura, comenzará una etapa de análisis político en la que el oficialismo buscará convertir el acuerdo con Vicuña en una señal de consenso sobre el desarrollo minero y la inversión en infraestructura.
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