El recurso colectivo fue presentado el 25 de septiembre y ahora el fiscal federal Francisco Maldonado debe determinar si el Juzgado Federal es competente para intervenir. Las familias reclaman por la pérdida de 41 días de clases y buscan que se garantice la continuidad educativa.
El amparo colectivo presentado por padres de alumnos de los colegios preuniversitarios de San Juan ya comenzó su recorrido en la Justicia Federal, aunque todavía atraviesa una instancia preliminar. El expediente quedó a consideración del fiscal federal Francisco Maldonado, quien deberá emitir un dictamen sobre la competencia del fuero para intervenir en el planteo.
La presentación judicial fue realizada el 25 de septiembre y cuatro días después el juez federal Leopoldo Rago Gallo corrió vista al fiscal para que se expida sobre ese punto. Hasta que exista esa definición, las familias deberán esperar para conocer si el trámite continúa ante ese juzgado y bajo qué condiciones.
El reclamo surgió a partir de la interrupción del dictado de clases en las instituciones dependientes de la Universidad Nacional de San Juan. Según el relevamiento realizado por los propios padres, los estudiantes acumulan 41 jornadas sin actividad escolar, situación que llevó al grupo a avanzar con una estrategia judicial.
El recurso incluye además un pedido de medida cautelar y apunta no solamente a evitar que se prolongue la pérdida de clases, sino también a que se contemplen las consecuencias académicas derivadas del tiempo que los alumnos permanecieron fuera de las aulas.
Para financiar la presentación, los padres autoconvocados realizaron una campaña de recaudación que permitió reunir $3.060.000. El grupo está integrado por más de 600 familias y sostiene que representa a alrededor de 3.000 estudiantes afectados por el conflicto.
Como respaldo adicional a la iniciativa judicial, 189 padres suscribieron una declaración de voluntad para dejar constancia de su adhesión al planteo. Los autoconvocados consideran que esa participación refleja un nivel de preocupación que excede a las 18 personas que figuran formalmente como integrantes del recurso.
Ahora, el principal interrogante pasa por la resolución que adopte la Fiscalía Federal respecto de la competencia. Una vez superada esa instancia, el expediente podrá avanzar hacia el análisis de fondo del planteo y de la medida cautelar solicitada por las familias.
Mientras tanto, los padres esperan que el proceso tenga una resolución rápida, aunque reconocen que los tiempos de esta etapa judicial no dependen exclusivamente de los impulsores del amparo. El objetivo central continúa siendo recuperar la continuidad educativa y determinar qué respuesta corresponde frente a las semanas de clases perdidas.