Mirá en esta nota de que se trata la ley que empieza a regir desde hoy.
El Gobierno de Argentina ha reglamentado la Ley 27.709, conocida como «Ley Lucio», que establece la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley es de carácter continuo, permanente y obligatorio y está destinada a las personas que trabajan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
La reglamentación de esta ley fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 360/2023, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Según el decreto, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), del Ministerio de Desarrollo Social, será la Autoridad de Aplicación de la Ley y estará facultada para celebrar acuerdos o convenios con los organismos y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.
Además, estos convenios de capacitación podrán extenderse a las administraciones provinciales y municipales, así como a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales que formen parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para impartir las capacitaciones.
El incumplimiento de estas capacitaciones será considerado una falta grave y estará sujeto a las sanciones establecidas en la normativa vigente en materia de Empleo Público Nacional.
La Ley Lucio, aprobada por el Congreso Nacional el 13 de abril de este año, establece la protección de los denunciantes en casos de posible vulneración de derechos, garantizando la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad. También enfatiza el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte de los funcionarios públicos, de acuerdo con las leyes 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 27.455 de Abuso en la Infancia.
La Senaf tendrá la responsabilidad de realizar un relevamiento de los mecanismos existentes en cada jurisdicción para el resguardo de la identidad y protección de la integridad del denunciante, tanto en sede administrativa como judicial. A partir de este relevamiento, se impulsará la implementación de herramientas adecuadas en los ámbitos de la Administración Pública Nacional que no cuenten con estos mecanismos de protección.
La ley también contempla la elaboración de campañas anuales de concientización sobre la promoción y protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la Senaf, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía. La Senaf, como autoridad de aplicación, deberá proporcionar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley a través de medios accesibles, incluyendo indicadores cuantitativos, cualitativos, estadísticas y evaluaciones sobre el impacto de las capacitaciones realizadas.
Esta ley fue impulsada tras el trágico asesinato de Lucio, un niño de cinco años, ocurrido en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Los responsables de este crimen, la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, fueron juzgados y condenados a cadena perpetua.
